La PALT señala al PP: Prefieren proteger al explotador turístico antes que al propietario

From Podcast de radio faro · 01:02:09

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La PALT carga contra el Gobierno canario: Quieren entregar nuestras casas a los explotadores Maribé Doreste y Manuel Batista repasan en Hablando con Nery, once años de lucha por los derechos de los propietarios en zonas turísticas. Denuncian la falta de diálogo del Partido Popular, cuestionan al Cabildo de Gran Canaria y advierten de las consecuencias que, a su juicio, tendría el nuevo decreto ley impulsado desde la Consejería de Turismo. Once años de reuniones, manifestaciones, escritos, recursos, visitas al Parlamento y denuncias para defender algo que consideran fundamental: el derecho a decidir sobre sus propias viviendas. La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribé Doreste, y su vicepresidente, Manuel Batista, participaron en el podcast Hablando con Nery, de Radio Faro, donde realizaron un recorrido por la historia de esta reivindicación y analizaron la situación actual de los propietarios de apartamentos y bungalows en las zonas turísticas de Canarias. Ambos reconocen como un avance importante la aprobación inicial, por unanimidad, de la ordenanza municipal de San Bartolomé de Tirajana sobre el uso residencial en zonas turísticas. Sin embargo, aseguran que el principal peligro continúa estando en el Gobierno de Canarias y en la modificación legislativa que se pretende llevar adelante. El origen de una lucha que comenzó hace once años Doreste recordó que las primeras preocupaciones surgieron incluso antes de la constitución oficial de la plataforma, cuando en 2012 tuvo conocimiento de cambios legislativos que podían afectar a los propietarios. La publicación del Decreto 85/2015 encendió las alarmas entre residentes de complejos turísticos, especialmente en Bahía Feliz y Playa del Inglés. Según explicó, comenzaron pequeñas reuniones de diez o quince personas, posteriormente ampliadas a otros complejos como Jardín del Atlántico y Los Aloes. En aquellos encuentros tuvo un papel destacado Blas Padrón, primer presidente de la plataforma, mientras Doreste asumió inicialmente la vicepresidencia. La asociación se constituyó formalmente en septiembre de 2015 y contó con la colaboración de profesionales de distintos ámbitos, entre ellos abogados, arquitectos, ingenieros, topógrafos y magistrados. Batista recordó que acudió a una de aquellas primeras reuniones después de recibir el aviso de su comunidad de propietarios. Fue entonces cuando comenzó a conocer las posibles consecuencias de la normativa para su apartamento. Preferimos que nos sigan multando antes que aprobar este decreto ley Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Doreste abordó el borrador del nuevo decreto ley turístico. La presidenta afirmó que la plataforma prefiere continuar defendiendo judicialmente las sanciones actuales antes que enfrentarse a una nueva normativa que, según su interpretación, podría agravar considerablemente la situación. Doreste sostiene que la modificación pretende reforzar la unidad de explotación turística y limitar los derechos de los propietarios sobre el uso de sus inmuebles. También relacionó la urgencia de la reforma con los ocho recursos de casación que, según explicó, se encuentran ante el Tribunal Supremo sobre la unidad de explotación, cuestionando que se pretenda modificar la normativa antes de que estos procedimientos queden resueltos. La representante de la PALT considera que la nueva regulación podría dejar a los propietarios sin capacidad de decisión sobre sus apartamentos, obligándolos a mantener determinados gastos mientras la explotación económica queda en manos de operadores turísticos. El negocio turístico y los derechos de los propietarios Doreste y Batista insistieron en que su reivindicación no es una lucha contra el turismo. Defendieron que la actividad turística y la residencia habitual han convivido durante décadas en numerosos complejos de Canarias y que esa convivencia no ha impedido el crecimiento del sector. Sin embargo, cuestionan que se impongan obligaciones a los propietarios sin establecer, según denunciaron, garantías económicas suficientes sobre las cantidades que recibirían por sus apartamentos. Durante la conversación mencionaron casos en los que, según sus testimonios, se abonan cantidades mensuales de aproximadamente 50 euros en Puerto Rico o 186 euros en Playa del Inglés. También denunciaron situaciones de propietarios que continúan pagando comunidad, impuestos, mantenimiento y derramas mientras consideran limitada su capacidad de utilizar o rentabilizar sus inmuebles. Los representantes de la plataforma advirtieron, además, de una posible depreciación de estas propiedades. Relataron casos en los que, según sostienen, apartamentos situados en zonas turísticas habrían sido adquiridos por cantidades muy inferiores a su valor de mercado. Se trata de denuncias formuladas por los entrevistados, que atribuyen estas circunstancias al funcionamiento de determinados modelos de explotación turística. Las críticas al Partido…

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